Plan Europeo de Recuperación: ayudas récord para levantar la economía


  • España será el segundo país que más fondos reciba de la UE para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia


  • El gobierno español tiene el reto de gestionar adecuadamente las ayudas en un periodo de tiempo relativamente corto


  • El sector privado debe estar receptivo al cambio para evolucionar y beneficiarse de los fondos de recuperación y las nuevas prioridades de inversión



La situación económica derivada de la pandemia es excepcional, como también lo es la respuesta que han dado las autoridades, tanto a nivel Europeo como nacional. El Plan Europeo de Recuperación, con una parte de los fondos destinados a España, está y estará en boca de todos, puesto que la estrategia de restitución económica de los próximos años quedará ampliamente condicionada por las prioridades definidas en el mismo.


Hay muchos sectores de la economía que pueden verse beneficiados por estos fondos. Para eso, deben estar dispuestos a aprovechar la situación para evolucionar, modernizarse y contar con planes de inversión coherentes con estas prioridades. Combinando la inversión privada con los fondos públicos, se podría producir un efecto multiplicador, generando hasta cuatro veces más de lo invertido por parte del gobierno.


Tanto ahora, durante el diseño concreto de las políticas, como en el momento de su ejecución, es importante hacerse oír y que el gobierno tome en consideración aquellos actores con experiencia en los diferentes sectores. Así, el sector privado debe posicionarse para ser escuchado y aprovechar al máximo estas ayudas, que pueden aportar cierta seguridad en un contexto tan incierto.


Acuerdo sin precedentes a nivel europeo

La Comisión Europea ha propuesto un plan de ayudas récord. La cifra de 750.000 millones de euros, así como la forma de financiarla, a través de la emisión de deuda conjunta, no se habían visto nunca antes. 


Además, la Comisión aprovecha para reforzar sus prioridades en las condiciones de estos fondos, garantizando que las economías de los estados miembros emprendan las transiciones ecológica y digital para ser más sostenibles y resilientes. El único pero, aunque también puede ser visto como una ventaja, podría ser su aplicación, un tanto cortoplacista: los proyectos tienen que presentarse antes de 2023 y ser ejecutados hasta 2026. 


Es verdad que los fondos se destinan a la recuperación económica derivada de los efectos de la pandemia y que ya hay otros mecanismos de financiación para proyectos de más largo plazo, pero también es verdad que unas inversiones tan clave para el futuro de los países pueden requerir un margen temporal más amplio


Más de un 10% del PIB español

España, uno de los países de la UE más afectados por la pandemia y con las finanzas públicas en una situación más delicada, será el segundo país de la UE que más fondos reciba. Esto se traduce en unos 140.000 millones de euros, más de un 10% de su PIB. De éstos, unos 72.000 millones serán en forma de transferencia, que no hay que devolver ni computarán para déficit o deuda pública. Estamos hablando de una lluvia de millones, más de la mitad de los cuales son a fondo perdido, que España tiene que aprovechar para reconstruir y modernizar la economía. 


Las prioridades son claras: según el gobierno, la economía tiene que virar hacia una transformación digital, acelerar la transición ecológica -con vistas puestas a los objetivos de reducción de emisiones-, aumentar la cohesión social y territorial y promover políticas de igualdad.


El primer esbozo presentado

Pedro Sánchez ya ha anunciado las directrices para la distribución de los fondos, en los que, de momento, se prevé movilizar los 72.000 millones de euros en transferencias hasta 2023. De esta suma, 27.000 millones ya se incluyen en el plan presupuestario de 2021. 


Las prioridades están claramente marcadas: la transición hacia un modelo medioambiental más sostenible representa el 37% de los fondos y la transformación digital de la economía, el 33%. No quedan tan claras las políticas concretas dentro de las diferentes políticas troncales de actuación, y es aquí donde el gobierno deberá clarificar en las próximas semanas, con medidas más concretas. 


De momento, se anunciaron las diez políticas sobre las cuales girará la estrategia, pero sin entrar en más detalles concretos: las políticas de educación y formación profesional contarán con un 18% de los fondos, mientras que las políticas de ciencia, innovación y mejora del sistema de salud, así como las de modernización y digitalización de la economía y las pymes, contarán con un 17% cada una; por detrás, las políticas de agenda urbana y agricultura contarán con un 16%, y las de transición energética con un 12% de los fondos.


Eliminar trabas administrativas asegurará eficiencia en la distribución de los fondos

No todo es tan fácil como parece: a parte de tener las prioridades claras y unas líneas de actuación bien marcadas, gran parte del éxito dependerá de la capacidad de la administración pública de adjudicar y movilizar un caudal tan importante de fondos y que no se genere un cuello de botella. Y España no se caracteriza precisamente por su alta capacidad de absorción, puesto que en el periodo presupuestario 2014-2020 sólo ha gastado uno de cada tres euros asignados, situándose a la cola de todos los países de la UE. 


Así pues, medidas como la constitución de grupos de expertos que analicen proyectos, o el aumento de la capacidad de la administración pública son inversiones que el gobierno debería tener en mente para asegurar una distribución eficiente y eficaz de los fondos. Además, será importante que no se tenga una visión “cortoplacista” para que los efectos de las reformas sean duraderos, logrando que la economía se modernice y vire hacia las prioridades del siglo XXI.



Por Marc Puig, Director de Economía




Public Affairs Experts - 28 de octubre de 2020

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