El Gobierno catalán post-procés


  • El nuevo gobierno deberá impulsar la actividad legislativa y actuar ante los nuevos desafíos de la era pospandemia 


  • La regulación de la vivienda, de las parejas de hecho o de un mundo cada vez más digitalizado son algunas cuestiones que el próximo Govern deberá afrontar


  • Cataluña es la única comunidad autónoma sin una ley electoral propia


El próximo domingo 14 de febrero, Cataluña afronta unas nuevas elecciones autonómicas, las quintas en prácticamente diez años (2010, 2012, 2015, 2017 y 2021). Sin embargo, estos comicios se prevén como los más determinantes, ya que suponen un punto de inflexión en la política catalana de la última década


El ejecutivo entrante deberá enfrentarse a retos de gran calado para superar la crisis sanitaria y económica de la que Cataluña, al igual que el resto del país, tampoco puede ser ajena. 


¿Nuevo paradigma?

Desde que Artur Mas ganara las elecciones autonómicas de 2012 -después del gobierno más breve de la democracia moderna en Cataluña, con una duración inferior a los 24 meses-, todos los ejecutivos catalanes han enfocado su discurso y rumbo político hacia la consecución de la independencia como principal foco de gobierno. Después de casi diez años de gran intensidad mediática y convulsión social entorno al procés, la realidad del Covid-19 y la voluntad de diálogo entre el Ejecutivo nacional y la facción progresista del Gobierno autonómico -ERC-, están logrando lo que nadie había conseguido: la independencia de Cataluña ya no es la única variable en consideración en la política catalana.


La pandemia y la crisis derivada han alterado, por primera vez, las preocupaciones de la sociedad catalana, convirtiéndose en el principal problema para más del 50% de los ciudadanos [1]. Un motivo determinante por el cual los partidos se han visto inducidos a movilizarse de sus posicionamientos de origen, en un buen ejemplo de interiorización demoscópica.


Aun así, la independencia no es un tema del todo olvidado: Junts x Catalunya - más conocida como Junts-, sigue teniendo a Puigdemont como cabeza de lista, y tanto su formación como el resto del espectro ideológico independentista siguen dedicando buena parte de su cuota mediática a los políticos presos y en el exilio.


Descenso de la actividad legislativa 

Ante la posibilidad de que nos encontremos ante el fin del procés, tal y como lo entendíamos hasta el día de hoy, es un buen momento para valorar una de las realidades que ha acompañado la actividad política de bloques, que ha imperado en Cataluña a lo largo de los últimos años: el descenso manifiesto de la actividad legislativa. O siendo más precisos, la ausencia manifiesta de una actividad legislativa que diera respuesta a las múltiples necesidades y retos de futuro en Cataluña.


En el último mandato (2017-2021), el Parlament ha aprobado un total de treinta y dos leyes, frente a las veintiséis del anterior. Si bien puede parecer un incremento de actividad, llama la atención que estas treinta y dos leyes se han aprobado en más de tres años de actividad parlamentaria, mientras que las veintiséis de la anterior se impulsaron en poco más de dos años. Esto muestra una tendencia anual decreciente, que se agrava más si analizamos el mandato de 2011-2015, en el que se aprobaron un total de cuarenta y siete leyes.[2]


Más allá del posible desbloqueo o impulso en la actividad legislativa catalana, el gobierno entrante deberá actuar, obligatoriamente, para dar respuesta a retos que nos sobrevienen y que exigen una reacción a corto plazo en este mundo pospandemia, pero también a medio plazo, con el inicio de una nueva década.


Desafíos a corto plazo y para la nueva década 

En el corto plazo, es obvio que los retos se enfocarán en articular una buena respuesta sanitaria para garantizar el fin de la pandemia, impulsar los sectores que más se han visto perjudicados por el Covid-19, abordar la crisis económica y promover estrategias de colaboración público-privada para construir sectores estables a largo plazo.


Ahora bien, no hay que olvidar otras múltiples políticas públicas que habrá que abordar en el medio plazo. En este sentido, los estudios demoscópicos de los últimos años en torno al cinturón metropolitano de Barcelona -área que empieza a conocerse por múltiples actores políticos como la “Gran Barcelona”-, donde reside más del 70% de la población catalana, ya determinan cómo el acceso a la vivienda es la principal preocupación para la gran mayoría de ciudadanos. 


Así, el próximo Ejecutivo deberá evaluar cuál es la viabilidad del decreto aprobado por el Gobierno saliente de la Generalitat sobre la regulación del acceso a la vivienda, la ordenación del precio de los alquileres o la ejecución de desahucios, ante la más que probable resolución contraria del Tribunal Constitucional en cuanto al contenido recogido en la disposición normativa expuesta.


Otras medidas relevantes que deben ser resueltas en la próxima legislatura son, en primer lugar, el desbloqueo y renovación de 104 cargos de órganos consultivos pendientes de renovación, como la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges o la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales [3]. Este bloqueo es una realidad intrínseca a la política de dos bloques contrapuestos que ha vivido Cataluña durante, prácticamente, la última década.


En esa misma dirección, medidas como la ley audiovisual catalana; la ley de las Cámaras de Comercio, que pretende dar estabilidad e independencia política a las mismas; o aquellas de carácter más social, como la ley catalana de parejas de hecho, son iniciativas parlamentarias que necesitaran de su desarrollo y aprobación.


Todo ello, sin obviar la infinidad de otras cuestiones que, en un mundo más digital, global e interactivo, reclamarán un desarrollo regulatorio ad hoc que garantice una mayor seguridad jurídica para todos los actores y sectores afectados.


Ley electoral catalana

La situación actual del Covid-19, junto con el intento de aplazar las elecciones por parte del gobierno en funciones de la Generalitat, también han evidenciado las problemáticas inherentes a que Cataluña sea la única comunidad autónoma sin una ley electoral propia. Actualmente, está bajo el marco legal del Estatuto de Autonomía, que estipula que los comicios en Cataluña deben equipararse a las normas vigentes para las elecciones legislativas al Congreso de los Diputados.


La necesidad de impulsar el voto digital, las urnas móviles, la modernización de los sufragios o a la necesidad de una Junta Electoral propia son escenarios sobrevenidos por la pandemia, que urgen a abordar una ley electoral catalana. 


El análisis de los distintos programas electorales, las propuestas lideradas por las diferentes fuerzas con posibilidad de obtención de representación parlamentaria y el transcurso inherente a una actualidad de alta volatilidad y fragilidad, evidencian el próximo inicio de una nueva etapa en la política catalana, probablemente más marcada que nunca por la necesidad de posibilitar una geometría variable en el seno del Parlamento catalán; y, con ella, la viabilidad para consolidar una política de la negociación, el consenso y el pacto, que permita dar respuesta a los múltiples retos que el próximo Gobierno catalán deberá afrontar.



Public Affairs Experts – 8 de febrero de 2021




Referencias


  1. Barómetro del CEO. 7 de noviembre de 2020. Enlace
  2. Web del Parlament de Cataluña: registro de leyes aprobadas. Enlace
  3. El parlamento catalán bate récords de cargos pendientes de renovación. Economía Digital. 19 de febrero de 2020. Enlace




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